Pues sucede que no se escuchará a las familias en Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Morelos y Tamaulipas… La violencia e inseguridad deja como saldo miles de familias afectadas. Familias a las que eufemísticamente se ha dado en llamar víctimas indirectas… Estas víctimas indirectas cargan el dolor de 40 mil desaparecidos y poco más de 240 mil personas asesinadas en forma violenta los últimos 12 años, de acuerdo con cifras oficiales. Ah, regresando al tema, donde sí se llevaron a cabo estos foros, entre otras muchas exigencias plantearon la creación de una Comisión de la Verdad… El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es reiterativo en el tema: perdón, pero no olvido.

Quienes serán funcionarios a partir del 1 de diciembre, plantean la creación de una comisión investigadora, un tribunal penal para la paz y una fiscalía para la paz, un sistema integral para la justicia, verdad, no repetición y reparación del daño causado a las víctimas. Mmmmm, bien. De momento, me quedo con la propuesta “Romper el Silencio. Hacia un Proceso de Verdad y Memoria en México”, elaborado por defensores de derechos humanos y especialistas en seguridad agrupados en la Plataforma contra la impunidad y la corrupción.

Con sus asegunes e interpretaciones, partamos de que la verdad, es conocer con “certeza”, “claridad”, “sin tergiversación” hechos reales, por tanto incuestionables e inobjetables. La cosa se complica cuando los burócratas de la justicia dicen que una es la “verdad verdadera”, a la que aspiramos; y otra, la “verdad procesal”, la cual aparecerá en expedientes aún cuando no convenza, como la “verdad histórica de Ayotizinapa”.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de ONU, señala con claridad en el documento Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto, que una Comisión de la Verdad, debe ser independiente y recabar pruebas, privilegiar la voz de las víctimas directas e indirectas. Es temporal, elabora informes a partir de pruebas testimoniales y científicas. No le corresponde hacer justicia, sino contribuir a la justicia transicional en un proceso de reconciliación.

Ejemplos, varios: Bolivia, Argentina, Chile, El Salvador, Sudáfrica, Guatemala, Uruguay o Colombia. Opera durante una transición política sin dar lugar a la impunidad. Obliga a reconocer la macrocriminalidad, es decir, la acción conjunta de delincuentes y autoridades; o escenarios en los que las autoridades violaron derechos humanos por omisión, aquiescencia o negligencia.

Contribuye a castigar a esas autoridades que miraron en otra dirección mientras los criminales actuaron.

Ante una Comisión de la Verdad, deberían desfilar los perpetradores de crímenes como asesinato, desaparición y secuestro para dar a conocer la “verdad verdadera” y así, contribuir a que las familias cierren ciclos de duelo.

En nuestro país hubo esfuerzos previos, con resultados parciales. Citamos algunas comisiones de la verdad: la del 2 de Octubre de 1968; la del Estado de Guerrero, que investigó violaciones a derechos humanos durante la “guerra sucia”; la de Oaxaca que operó con motivo del conflicto de 2006 y 2007.

Quizá la más polémica, es la Comisión de la Verdad de Veracruz, creada en 2017 con el objetivo de contribuir en la búsqueda de personas desaparecidas.

Sugeriría a la coordinadora nacional de la Consulta para la Pacificación y Reconciliación, Loretta Ortiz, echarle una miradita a la propuesta de la Plataforma contra la impunidad y la corrupción. Los especialistas tienen razón, una Comisión de la Verdad y la Memoria Histórica, debe investigar y perseguir penalmente a perpetradores del Estado y del crimen organizado por los crímenes cometidos durante la guerra contra el narcotráfico. Esto sería una parte de la reparación del daño a las víctimas y sus familias. Quien entendió, entendió.

Me quedo con el planteamiento más contundente: Un proceso de sanación necesita trabajar con el pasado para transformar las narrativas de derrota en narrativas de esperanza y futuro.